ABORTO: EL ASPECTO LEGAL.

Considero que la legislación española reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo es bastante permisiva. La cifra de un millón de abortos en España hasta el día de hoy desde que entro en vigor en 1985 parece un incumplimiento claro de la CE.

El TC en sentencia 53/85 considero que el nasciturus no es titular del derecho a la vida que recoge el art. 15 CE, sin embargo, también afirmó que era un bien que debía ser protegido. En mi entender, un principio de favor hacia la vida del concebido y sus derechos. Se le tiene como nacido pero no ha nacido.

Teniendo en cuenta que la jurisprudencia de constitucional ocupa el primer lugar después de la CE, es su máximo interpretador y al interpretar está creando derecho constitucional, nos dicen los valores exactos del precepto constitucional. Parece una contradicción que el nasciturus sea un bien protegido y cada año se produzcan más de 80 mil abortos. Esto pone de manifiesto que el nasciturus no está siendo protegido por los poderes públicos. Se trata de una violación de los derechos del feto. Es como si el constitucional afirmara que el medio ambiente es un bien protegido y cada año se talarán decenas de miles de árboles.

Dejando este aspecto al margen, también considero inconstitucional el que se pueda abortar por el mero hecho de que el feto padezca alguna deformación física o psíquica. Antes del nacimiento se establecen discriminaciones en razón de la condición física y por tanto se vulnera el art. 14 CE “los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de (…) o cualquier otra condición personal o social”. Artículo que considero extensible al nasciturus al ser un bien que debe ser protegido.

Cuando una persona comete el delito tipificado como violación se le debe aplicar las penas previstas en ese precepto. Una de las consecuencias de la violación es la posibilidad de que la mujer se quede embarazada. En este caso, fruto de un hecho que ha cometido un hombre se irradia la pena y se le aplica al nasciturus mediante la posibilidad de interrupción del embarazo. El feto es un ser independiente y en consecuencia no culpable por la acción que ha llevado a cabo su padre.

La introducción de graves consecuencias psíquicas para la madre produce una gran inseguridad jurídica para el nasciturus. No existen parámetros objetivos en esos informes que pueden ser fácilmente falsificados. El estado tiene una obligación de garantizar que esos informes se lleven a cabo con la mayor transparencia posible para garantizar los derechos de las mujeres y del nasciturus. Sí esos informes falsificados van en detrimento de los derechos del nasciturus no se estaría protegiendo al feto de acuerdo con los criterios del TC.

Por último, en mi opinión, si que se puede plantear desde un punto de vista jurídico, la despenalización del aborto en el supuesto de peligro físico para la madre mediante el estado de necesidad. De acuerdo con el art. 30 CC el ordenamiento otorga la categoría de persona cuando el feto vive 24 horas después de cortar el cordón umbilical. Parece que en caso de conflicto, desde la óptica del derecho, se pueda eliminar una vida para salvar la otra.