LAS AUTONOMÍAS Y LA CRISIS

Dice Albert Einstein que “la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos”. Nuestro país está atravesando por una de las mayores crisis económicas de su historia. Resulta interesante analizar qué posible incidencia tiene la estructura territorial y las autonomías en la crisis económica que afecta al Estado.

España es uno de los países más descentralizados de Europa hasta tal punto que la gestión autonómica tiene la capacidad de influir e interferir de forma notable sobre el resto del Estado. Efectivamente en temas sociales y políticos pero también en aspectos económicos, que por su carácter técnico pasan más desapercibidos ante la opinión pública. Las regiones, con su gestión política y económica, también son responsables de la situación que atraviesa España.

En primer lugar, hay que señalar el altísimo nivel de endeudamiento y déficit que tienen las CC.AA. Según la Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2010 que el gobierno ha remitido a Bruselas, las CC.AA tendrán un déficit del 3,2 del PIB en 2010 y del 4,2 en 2011. Un solo ejemplo que demuestra este descontrol son las 29 televisiones autonómicas públicas que existen para 17 comunidades ¿no sería suficiente una televisión pública por región?

En segundo lugar, hay que incidir sobre la obra incompleta del estado autonómico. Aún no se ha abordado la segunda descentralización para las provincias y sobre todo para los municipios. España está basando su organización territorial en la relación Estado-Región dejando en un tercer lugar a las provincias y los municipios con serios problemas de autofinanciación.

Este aspecto es excesivamente grave, ya que, como se ha puesto de manifiesto, muchos municipios se han convertido en hormigueros de corrupción que han infectado a toda la clases política por la base. Además, se ha hecho un daño irreparable al ciudadano atentando contra el ecosistema del país y en muchas ocasiones contra sus derechos de propiedad a través de los planes urbanísticos.

Estos dos casos son solo un ejemplo de la necesidad de que las autonomías asuman su parte de responsabilidad en la gestión política y económica de la región y no miren hacia otro lado. En Europa existen países que han implementado un régimen descentralizado o van camino de ello. Sin ir más lejos, en Francia, las leyes obligan a las regiones a no tener déficit y mantener el equilibrio presupuestario anualmente. Una medida más que necesaria en tiempos de crisis y que perfectamente podría ser implantada en nuestro país a efectos de evitar el descontrol presupuestario que muchas comunidades tienen.

El país galo, pese haber iniciado la descentralización en el año 1992, nos aventaja en el equilibrio que existe entre todos los agentes territoriales que intervienen en la descentralización. Por ejemplo, en la educación pública, la escuela primaria está financiada por el municipio, la secundaria por la provincia, el bachillerato por la región y la universidad por el estado. Es decir, hay una corresponsabilidad en la gestión de los recursos públicos de tal forma que el dinero se reparte de una forma equilibrada que imposibilita que un solo agente territorial cargue sobre sí todo el peso de la descentralización.

Actualmente existe en Francia un importante debate sobre la conveniencia de hacer evolucionar la estructura territorial que se implantó en tiempos de Napoleón a efectos de adecuarla al siglo XXI. Para ello se está estudiando la posibilidad de unir las provincias y regiones en un solo organismo con el objetivo de agilizar la administración pública, hacerla menos costosa y dar más poder al municipio, que es al fin y al cabo quien gestiona los asuntos cotidianos del ciudadano. Debate que también ha llegado a los gobiernos de Camps y Montilla.

Valencia pretende otorgar mayor peso político y económico a las tres provincias y Cataluña ha dividido su territorio en siete veguerías que conviven con las actuales provincias catalanas. Mientras Europa hace evolucionar su estructura territorial, en España se sigue apostando por un modelo de principios del siglo XIX con el coste económico que eso conlleva. Y lo que es más grave, cada Comunidad Autónoma se permite el lujo de gestionar su propio territorio al margen del Estado y de la Constitución.

Es tiempo de crisis, pero también es tiempo de abrir los debates que otros países europeos sí se atreven a abrir. De iniciar las reformas estructurales necesarias relacionadas con el territorio que permitan ahorrar costes y lo que es más importante, mejorar la comunicación de la administración pública con el ciudadano haciéndola más eficaz. Los partidos políticos tienen una oportunidad de oro, solo falta saber si estarán a la altura de las circunstancias.

El Levante, 21/04/2010